La reacción por parte del gobierno de la Renovación y de la oposición ante la media sanción del Congreso a favor del aborto legal no tardó en hacerse escuchar por los medios locales. David Halac, director del neonatal del Hospital Madariaga, en varias entrevistas reiteró que el aborto no era un problema de salud pública, que en primer lugar estaba la “prevención”, y que el 100% de la planta de profesionales del hospital eran objetores de conciencia, incluso desde el 2013, año en el cual la provincia adhirió al fallo FAL y aprobó un protocolo de abortos no punibles. Además se ocupó de generar confusión al referirse a la práctica del aborto, echando mano de todos los argumentos que fueron refutados en el proceso de expositores y de debate en el Congreso: la inseguridad de la práctica aún siendo legal, el procedimiento del legrado (raspaje del útero) como única práctica posible para realizar un aborto y el estado emocional-psicológico que podría sufrir una paciente al abo

El ministro de defensa, Oscar Aguad, afirmó en declaraciones radiales y de medios gráficos, que se formará una Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) de las tres armas que prestará “apoyo logístico” en tareas de defensa y seguridad interior. La reforma planteada incluirá, además, la formación de una fuerza de ciberseguridad, el redespliegue de unidades territoriales del Ejército (a las zonas de las “nuevas amenazas”), la creación de una fuerza de reservistas y la conducción civil de algunas áreas. No caben dudas que esta iniciativa, alentada por el macrismo en el contexto de una profundización de la guerra de clases implica un avance en una política de militarización interna, con el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo. El incremento de la presencia militar planteada, no busca otra cosa que profundizar el escenario represivo que ahora, incluso, forma parte de los acuerdos con el FMI. Misiones es una de las provincias en donde -a la ya pactada intervención de

Este viernes aumenta la tarifa del boleto urbano en un 14% (mucho más que cualquier oferta salarial anual que ofreciera la Renovación a los trabajadores estatales y en un solo pago), pero además esto lleva un aumento total del boleto del 40% respecto de los 8,55 pesos que costaba en diciembre del 2017. Sumados los tarifazos en los servicios y restados los ajustes salariales, estos aumentos nos llevan a la miseria sin que las CGT o cualquier central o sindicato se ocupe de un plan de lucha por la reapertura de paritarias o por poner freno a estas medidas anti populares. Queda claro que las empresas concesionarias no van a cumplir ninguno de los compromisos que signifiquen mayores gastos para sus arcas, porque saben que intendentes y concejales son solo correa de transmisión de las políticas sobre transporte que ellos mismos diseñan. Se vienen mayores tarifazos: las devaluaciones obligan a actualizar las tarifas a valor dólar y no de acuerdo a los costos locales de op