La reacción por parte del gobierno de la Renovación y de la oposición
ante la media sanción del Congreso a favor del aborto legal no tardó en
hacerse escuchar por los medios locales.
David Halac, director del neonatal del Hospital Madariaga, en varias
entrevistas reiteró que el aborto no era un problema de salud pública,
que en primer lugar estaba la “prevención”, y que el 100% de la planta
de profesionales del hospital eran objetores de conciencia, incluso
desde el 2013, año en el cual la provincia adhirió al fallo FAL y aprobó
un protocolo de abortos no punibles.
Además se ocupó de generar confusión al referirse a la práctica del
aborto, echando mano de todos los argumentos que fueron refutados en el
proceso de expositores y de debate en el Congreso: la inseguridad de la práctica aún siendo legal, el procedimiento del legrado (raspaje del útero) como única
práctica posible para realizar un aborto y el estado
emocional-psicológico que podría sufrir una paciente al abortar. Luis
Pastori, el diputado provincial de Cambiemos quien votó en contra junto
con Morales, Derna y Wellbach, se ocupó de decir falsedades sobre el
dictámen aprobado, diciendo cosas como que la ley es apta para abortar
niños con síndrome de down.
El ministro de salud, Walter Villalba, no dudó en abrir el paraguas
señalando todos los problemas económicos y de costos que tendría que
afrontar el sector publico para responder a una “nueva demanda”, y
aclaró que en los casos de abortos no punibles y los objetores, la
provincia financia al sector privado donde se pueda llevar adelante.
El senador Closs -ex gobernador-, también salió a hablar, y si bien se
inclinó por la despenalización, defendió la objeción de conciencia y
también argumentó por el lado económico, preguntandose quien iba a
solventar los gastos de la práctica cuando los hospitales de la
provincia son matenidos por todos los misioneros, deslizando entre
líneas el típico "pobres contra pobres".
Todo lo expuesto más arriba es una corroboración de los lazos que se
sostienen con el clero católico en esta provincia -tanto políticos como
económicos, empezando por el Parque de la Salud y la UCAMI-, y por otro
lado el negociado de la salud privada que no se quiere tocar.
Funcionarios de la salud y legisladores despliegan recursos
argumentativos y verdades a medias para lograr la paranoia en la parte
de la población que aún se mantiene escétpica y reacia y refuerzan
prejuicios de toda índole (que claramente fogonean desde el mismo
estado).
Que los
cómplices políticos del macrismo, los cuales dejaron pasar las
principales leyes del plan de guerra contra las condiciones de vida y de
trabajo de la población, siendo los saqueadores por excelencia a nivel
provincial por décadas de la salud y la educación, pongan de excusa que
el derecho de elegir la maternidad sea el culpable de hacer colapsar los
hospitales o las arcas del estado provincial, es algo que tanto el
conjunto del movimiento de mujeres como la población en general tienen
que repudiar y combatir.
La gran
lucha popular que se desplegó por el aborto legal nos posiciona en un
escalón superior para reclamar por la atención integral de la salud en
hospitales y CAPS, por el pase a planta de sus trabajadores/as, para
poner en pie una salud realmente pública y gratuita.
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