Como parte del plan de guerra que está imponiendo el macrismo y los gobernadores para descargar el ajuste sobre los trabajadores y mantener y acrecentar las ganancias de los empresarios durante el mes de diciembre y lo que va de enero, se ha lanzado una enorme ofensiva contra los trabajadores estatales nacionales, provinciales y municipales con cientos de despidos.  En el Estado Nacional ya son más de 1.200 los despidos en diferentes organismos como el SENASA, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Economía, entre muchos otros. Lo mismo sucede a nivel provincial con empleados de seguridad del SAMIC o el LACMI (Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones). Todos estos hechos no son aislados porque se enmarcan en la política de ajuste desarrollada por el Estado en su conjunto (nacional y provincial) con medidas como la reforma previsional e impositiva aprobada a fin del 2017 y la laboral que querrán imponer en febrero de 2018. Todas destinadas a incrementar las ganancias capital

El Partido Obrero de Misiones se solidariza con los trabajadores del LACMI y reclama la inmediata restitución a sus puestos de trabajo de los delegados cesanteados y de los trabajadores trasladados. Las medidas represivas del gobierno provincial tienen como objeto mantener un lucrativo negocio como el del Parque de la Salud que se lleva fortunas de la salud pública y super explota a los trabajadores de todas las profesiones.  Las cesantías son la respuesta represiva tal como lo es el procesamiento de los trabajadores que se movilizaron contra la reforma previsional. Estas medidas son la respuesta real y efectiva al pase a planta que reclaman los trabajadores; pero también es el intento de liquidar toda representación gremial que no sea la adicta y colaboradora con el gobierno.  Los despidos son violatorios de la legislación laboral que justamente prohíbe el cambio de relación laboral mientras se ejerza la representación de los trabajadores y – como consecuencia – de los pactos in