Hace varios días se
convirtió en noticia el caso de una adolescente, de la localidad de
Panambí, de 17 años, cursando un embarazo a término (madre ya de
un hija de 9 meses), que hace un anuncio de adopción para el futuro
bebé en un grupo de compra-venta de Wathsapp. El hecho se presenta
como paradigmático a raíz de varias aristas que dan cuenta de todo
un cuadro de situación de desamparo y violencia en que se encuentran
las mujeres, y en especial las más jóvenes y pobres, en nuestra
provincia. En primer lugar surge con claridad la responsabilidad del
Estado, que priva a amplios sectores de la población de educación
sexual: en las escuelas públicas de Misiones la educación sexual
brilla por su ausencia, salvo en casos muy puntuales producto de la
inquietud e insistencia de los docentes. Por otro lado, el estado
provincial, por medio de sus instituciones de salud y asistencia
social, normaliza el embarazo adolescente y precoz. Hay que señalar
que la provincia lidera los índices de adolescentes y niñas
embarazadas del país (en el caso de las niñas, producto de abusos
generalmente ya que, por la edad, en la mayoría de los casos no
estarían en condiciones de prestar consentimiento válido para la
relación sexual), ubicándose así en 10 puntos porcentuales por
encima de la media nacional según el informe de UNICEF del año
2017. Los casos se cuentan de a cientos y que, como éste en
particular, nunca son abordados a tiempo y si lo son, la intervención
estatal viene a acentuar la situación de vulnerabilidad de éstas
jóvenes. Ésto es así porque a todo el cuadro hay que sumarle la
precarización de la asistencia materno-infantil en las zonas
alejadas de los grandes centros de salud.
En segundo lugar, el
intento de idealizar la adopción y posicionar este caso como ejemplo
heroico de una jovencita que “gracias a Dios no abortó” según
palabras de la abogada de la Fundación Grávida, una organización
católica “provida” (pro-feto) que busca "tutelar" a
las mujeres que pretenden abortar. Los medios locales -uno de los
cuales se animó a filtrar audios de la adolescente que explicaba su
situación- la revictimizaron y la expusieron, al revelar las razones
de su decisión y ponerlas en tela de juicio de manera tendenciosa y
sensacionalista y así desplegar de manera solapada una campaña
contra el aborto legal. Fogonearon de esta manera el discurso que
desvirtúa el concepto del derecho del aborto y lo coloca en
contraposición a la adopción, que más allá de la complejidad del
proceso judicial y las mafias de tráfico de bebés que giran en
torno, sigue siendo competencia de la mujer gestante dicha decisión.
Una y otra vez escuchamos a los voceros del clero católico e
iglesias evangélicas, vociferar sobre la adopción como salida o
solución para los casos de embarazos no deseados. La realidad es que
para el sistema judicial, que tiene en su haber una lista enorme de
niños y niñas institucionalizados, la adopción es la última
opción, ya que se prioriza que el niño o niña se críe con la
madre (reconstruir lazos maternos) o con su familia de sangre.
Estamos ante la negación de la mujer como sujeto de derechos para
ser tratada como una especie de incubadora sin derecho ni a la
autodeterminación ni a la opción de ejercer en este caso la
maternidad, que debería ser una decisión libre y conciente con
todas las condiciones materiales para llevar adelante el proceso de
gestación y posteriormente la crianza.
El estado tiene la
obligación de garantizar las condiciones para que la decisión de
tener un hijo o no, pueda tomarse en libertad. Ésto es lo que
venimos reclamando hace décadas y con ello tiene que ver el programa
de reivindicaciones que levanta el movimiento mujeres.
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