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Por más luchas contra la violencia en todo Misiones

En las semanas pasadas tuvieron lugar hechos trascendentes por sus motivaciones y por tratarse de iniciativas que canalizaron la bronca y hartazgo de los vecinos frente a la barbarie de la violencia que padecemos las mujeres a diario. Nos referimos a las movilizaciones populares surgidas contra el acoso sexual y las violaciones en Puerto Rico y Candelaria. 
La localidad de Puerto Rico fue escenario de una convocatoria en el microcentro de la ciudad, impulsada por mujeres afectadas que se reunieron y se organizaron para exigir medidas contra el acoso callejero. La bronca ganó el ánimo del grupo frente al hecho que al intento de denunciar la situación que estaban sufriendo, en la Comisaría de la Mujer les desalentaron de hacer la denuncia. Si bien el acoso callejero no está tipificado como delito, las mujeres dejaron en claro que los agresores estaban identificados, pues se trataba de un accionar deliberado y sistemático que superaba el cruce efímero con el acosador. 
En declaraciones a los medios que se hicieron eco de la movilización, una de las organizadoras manifestó: “Del acoso al abuso hay un paso muy cortito y del abuso a la muerte hay otro paso cortito. Puerto Rico tiene chicas muertas después de haber sido violadas y no queremos que siga pasando. Tenemos violadores sueltos y acosadores sueltos”, dando cuenta de lo terrible de la situación. Ante la firme decisión de organizarse recibieron con sorpresa la “invitación” por parte de los concejales locales para mantener una reunión a la que concurrieron, con cierta expectativa. Pero los ediles se limitaron a excusarse planteando que nada pueden hacer al respecto. 
En el municipio de Candelaria, por su parte, la conmoción ganó el ánimo de los vecinos frente a dos terribles hechos de violaciones. La respuesta no se hizo esperar, se movilizaron en dos oportunidades para exigir respuestas al intendente y al concejo deliberante. La segunda movilización, de alrededor de 300 personas, arrancó una sesión especial del concejo deliberante con la participación de los manifestantes. De las intervenciones de los vecinos en dicha sesión surge a las claras la responsabilidad del estado municipal de las condiciones que dan lugar a los crímenes contra mujeres y niños: cuestiones elementales como falta de iluminación, terrenos baldíos con enorme cantidad de maleza y pastizales altos, los colectivos que no entran a los barrios obligando a los usuarios a trasladarse por grandes distancias hasta la avenida céntrica donde pueden tomarlos para ir a sus trabajos, la policía garante del accionar de los puntos de ventas de drogas, entre otras situaciones. 
En su conjunto el panorama da cuenta de que no se puede hablar de un estado ausente, sino todo lo contrario, un estado que garantiza la impunidad de narcos, asesinos y violadores. El antecedente inmediato de éstas movilizaciones lo encontramos en las grandes marchas que tuvieron lugar a principios de marzo en el barrio Palomar de la ciudad de Posadas. Un Barrio castigado por hechos terribles que van desde el femicidio, aún impune, de Lucía Maidana, violaciones a estudiantes que transitaban por el lugar hasta la trata de menores en bares de las inmediaciones.
Estamos en presencia de levantamientos populares contra la impunidad y la violencia hacia las mujeres. Las denuncias en todas las oportunidades son muy concretas y exponen las responsabilidades estatales que repercuten en la vida diaria de la población. A la vez se desnudan las contradicciones de las respuestas que puede dar el Estado a estas problemáticas que son la muestra descarnada del sistema social en el que estamos inmersos, que forja las formas de pensar de las masas en la xenofobia, la discriminación y la misoginia, así como el desprecio hacia quienes luchan y se organizan ante las injusticias del capitalismo. 
El reforzamiento del aparato represivo y el punitivismo (más polícias, cárcel etc) no corta con la violencia, sino que la agrava. Justamente lo que podría funcionar como paliativo como la educación sexual y la asistencia a las víctimas, no son prioridad para el gobierno, que no afloja ni con el ajuste, ni con los despidos ni con el desguace de la salud y la educación que agudizan la vulnerabilidad de la población en general. 
Vamos por más movilizaciones conscientes contra la violencia y la impunidad, que llamen a toda la población a organizarse de manera independiente del gobierno y sus agentes políticos, por todas las demandas urgentes y por una salida política propia que abra el camino a la emancipación de las mujeres y de toda la clase obrera.

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